Durante el Encuentro Minero del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, el ingeniero Fernando Gala resaltó que la incorporación de nuevas operaciones mineras ha permitido al país aumentar el valor de las exportaciones mineras a $40,000 millones, generando recursos económicos para impulsar el PBI a S/550,000 millones y reducir la pobreza en un 25% en un período de 30 años.
«Sin embargo, la puesta en marcha de los 47 proyectos mineros en cartera no solo nos permitiría igualar a Chile en términos de producción de cobre, sino que duplicaría el valor de las exportaciones mineras, pasando de $40,000 millones a $80,000 millones. Esto se traduciría en más impuestos, más empleo y mayores canon y regalías para las comunidades», resaltó.
No obstante, el presidente del Consejo de Minería afirmó que cerca de 30 proyectos aún no han establecido una fecha de inicio de construcción debido a riesgos de carácter sociopolítico, técnico, legal, financiero o empresarial, muchos de los cuales han sido determinantes para el aplazamiento de la inversión en Yanacocha Sulfuros o la suspensión del desarrollo de Tía María y Conga.
«Si la empresa minera considera que el riesgo es alto y no ha podido mitigarse con los estudios previos realizados, será difícil que decida llevar a cabo el proyecto. Por lo tanto, debe gestionar el riesgo, lo cual implica identificarlo, evaluarlo, implementar acciones de mitigación, asignar recursos y monitorear su evolución», explicó.
Licencia social, no reglamentada, pero necesaria
En ese sentido, el exviceministro de Minas enfatizó que uno de los riesgos sociales predominantes para la construcción de un proyecto minero es la falta de obtención de la licencia social, que otorga viabilidad social al proyecto, aunque no debe confundirse con los mecanismos de participación ciudadana o consulta previa orientados al subsector minero y reconocidos por ley.
«La participación ciudadana se lleva a cabo durante la elaboración del estudio de impacto ambiental, mientras que la consulta previa se aplica a los pueblos indígenas u originarios. Sin embargo, la implementación de ambos procesos no garantiza la obtención de la licencia social, un permiso no legal que recae en la comunidad del entorno, provincia o región donde se ubicará la operación minera», señaló.
De esta manera, Fernando Gala afirmó que tanto la empresa como la población deben buscar acuerdos que beneficien a ambas partes, con el objetivo principal de generar legitimidad, credibilidad y confianza, y posteriormente obtener la licencia social para el proyecto minero. Este concepto tiene implicaciones sociológicas y dinámicas que deben trabajarse de manera continua.
«El desarrollo económico de un país se logra a través de más inversiones, siendo la inversión minera necesaria. Sin embargo, sacar adelante un proyecto minero no es una tarea sencilla, ya que requiere completar de manera satisfactoria la cadena de valor, desde la exploración hasta la evaluación financiera del proyecto, así como evaluar adecuadamente los riesgos a los que puede enfrentarse», concluyó Gala.
